Planta Fotovoltaica Caparacena 220: 93.24 MW en Granada 2025 [Utilidad Pública]

España avanza en su transición energética con proyectos como la planta fotovoltaica Caparacena 220 en Granada. Según el BOE, esta instalación de 93.24 MW, autorizada inicialmente en 2023 (BOE 129/2023) y con autorización de construcción en 2024, ha obtenido ahora la declaración de utilidad pública (junio 2025). Esto se enmarca en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, que facilitan la implantación de energías renovables para reducir la dependencia de combustibles fósiles y cumplir los objetivos climáticos nacionales.

La declaración de utilidad pública actúa como un “permiso comunitario” para proyectos de interés general. Imagina un edificio donde la comunidad aprueba instalar paneles solares en la azotea: aunque algún propietario pueda oponerse, la decisión mayoritaria permite ejecutar la obra porque beneficia a todos. Así, Caparacena 220 podrá ocupar terrenos necesarios para generar energía limpia, incluso con algunas alegaciones individuales, priorizando el beneficio colectivo.

Los beneficiarios directos son el promotor (Dehesa PV Farm 03, SL) y los municipios de Moclín, Atarfe y Colomera. Para los vecinos, se traducirá en oportunidades laborales durante la construcción y mantenimiento, además de futuros ingresos por impuestos. Por ejemplo, un hogar tipo en la zona con consumo medio de 3,500 kWh/año podría cubrir su demanda con solo 12 paneles de esta planta, reduciendo su huella de carbono en un 70%.

Comparado con proyectos similares, Caparacena 220 destaca por su escala: su potencia (93.24 MW) supera la media andaluza (50 MW en 2024). Generará aproximadamente 180 GWh anuales, equivalente al consumo de 47,000 viviendas. Esta producción evitará la emisión de 56,000 toneladas de CO2, igual a retirar 12,000 coches de circulación, mejorando significativamente la calidad del aire en la Vega de Granada.

Para obtener la declaración, el promotor inició trámites en abril 2024 con subsanación en diciembre 2024. Siguió un proceso riguroso: consulta a 22 organismos (desde ayuntamientos hasta entidades ambientales), información pública entre septiembre 2024 y marzo 2025, y análisis de alegaciones. Tras superar condicionados técnicos (como los de Red Eléctrica) y resolver la oposición inicial de la Oficina de Cambio Climático, la Dirección General de Política Energética emitió resolución favorable en junio 2025.

Este proyecto se alinea con la Directiva UE 2018/2001, que exige un 32% de energía renovable para 2030. España, con más de 25 GW fotovoltaicos instalados en 2025, lidera el despliegue solar en el Mediterráneo. La Comisión Europea destaca estas iniciativas como clave para reducir un 55% las emisiones en 2030, especialmente en regiones con alta irradiación como Andalucía, donde la generación solar creció un 40% en el último año.

El futuro inmediato incluye plantas como Caparacena 220 con sistemas de almacenamiento y redes inteligentes. La hibridación con agricultura (agrofotovoltaica) será tendencia dominante, junto a proyectos comunitarios que permitan participación ciudadana. El PNIEC español prevé alcanzar 76 GW solares en 2030, impulsando una transición energética justa que combine innovación técnica con beneficios sociales locales.