Parque Eólico Sarín 28MW: Rechazo Definitivo en Mayo 2025 [BOE]

El complejo camino administrativo de los parques eólicos

La autorización de parques eólicos en España se rige por la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y el RD 1955/2000, que establecen tres fases críticas: autorización administrativa previa, autorización de construcción y autorización de explotación. El proyecto Sarín inició trámites en julio de 2021 dentro del macroexpediente SGIISE/PEol-637 AC que agrupaba 12 instalaciones eólicas. La actual política energética prioriza renovables pero exige cumplir plazos perentorios establecidos en el RD-ley 23/2020 para evitar la caducidad automática de permisos.

Desarrollar un parque eólico es como planificar una red de metro: aunque tengas aprobadas las estaciones individuales (los aerogeneradores), si se bloquea el túnel troncal (la línea de evacuación), todo el proyecto colapsa. Esto precisamente ocurrió con Sarín cuando Cataluña rechazó la infraestructura compartida PEol-526 mediante informe ambiental adverso, invalidando el sistema completo de evacuación energética.

Los principales perjudicados son la promotora Energía Inagotable de Sarín SL y los municipios oscenses de Sangarrén, Barbués, Torres de Barbués y Tardienta. Una instalación de 28MW hubiera generado ingresos municipales por impuestos equivalentes a 70€ anuales por hogar durante 25 años. Para familias rurales, esto significaría cubrir el 15% de su factura eléctrica mediante fondos de compensación territorial.

Para obtener autorización, los promotores debían: 1) Presentar garantía de 40€/kW ante Industria, 2) Obtpermiso de acceso en REE, 3) Superar evaluación ambiental, 4) Conseguir autorización previa, y 5) Solicitar autorización de construcción antes del mes 49. Sarín fracasó en el último paso al carecer de infraestructura de evacuación viable tras el rechazo catalán al proyecto PEol-526.

Este caso refleja los desafíos de la transición energética europea. La Comisión Europea exige acelerar renovables (Directiva RED II), pero la coordinación interterritorial sigue siendo el cuello de botella. España necesita racionalizar la gestión de infraestructuras compartidas entre CCAA para cumplir el objetivo PNEC de 74GW eólicos en 2030.

Las nuevas directrices UE 2023/2413 prevén ventanillas únicas digitales para agilizar trámites. En España, el Plan +SE prevé reducir plazos de autorización en un 40%. Sin embargo, el caso Sarín evidencia que la solución pasa por planes de evacuación coordinados con evaluaciones ambientales armonizadas entre comunidades autónomas.